Iniciativa busca facilitar el acceso a este mecanismo democrático
Mexicali, B.C., domingo 13 de julio de 2025.– La diputada Alejandrina Corral presentó una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reducir del 3% al 2% el porcentaje del listado nominal necesario para iniciar un proceso de revocación de mandato, tanto a nivel federal como estatal.
Justificación basada en baja participación ciudadana
Durante la exposición de motivos, la legisladora argumentó que los recientes procesos de elección, como el del pasado 5 de junio, mostraron una escasa participación ciudadana. En esa jornada, destinada a la elección de jueces, ministros y magistrados, la participación nacional rondó el 13%, y a nivel local apenas llegó al 9%, cifras muy por debajo de lo habitual en elecciones populares.
Según Corral, estos datos demuestran que los requisitos actuales son excesivos, y que se necesitan mecanismos más accesibles para fomentar la participación ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
Revisión a los requisitos en el ámbito estatal
La diputada señaló también que la reforma constitucional de 2019 exige a las entidades federativas garantizar el derecho a solicitar la revocación de mandato del titular del poder ejecutivo local. Sin embargo, en muchos estados se exige el 10% del listado nominal, un porcentaje que consideró “desproporcionado” en comparación con el 3% requerido a nivel federal.
Propuesta concreta
La iniciativa plantea:
- Reducir de 3% a 2% el mínimo del listado nominal necesario para solicitar la revocación de mandato.
- Reducir de 40% a 30% el porcentaje del listado nominal requerido para que la consulta sea vinculante.
Una medida para eliminar barreras ciudadanas
Corral insistió en que es “impostergable” que el Congreso de la Unión tome acciones legislativas para flexibilizar estos mecanismos, y evitar que requisitos excesivos se conviertan en “auténticas barreras” que limiten la participación democrática.
A su juicio, no basta con reconocer derechos en papel, sino que es necesario crear las condiciones reales para que la ciudadanía pueda ejercerlos con libertad y sin obstáculos burocráticos.
