Una coalición integrada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que está imponiendo condiciones indebidas para acceder a recursos federales destinados a la atención de desastres naturales y emergencias.
La acción legal, interpuesta en un tribunal de Rhode Island, cuestiona las nuevas disposiciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las cuales, según los demandantes, obligarían a los estados a modificar aspectos de sus sistemas electorales y reforzar la cooperación en materia migratoria para conservar parte del financiamiento federal.
Los fiscales generales sostienen que estas condiciones exceden las facultades del gobierno federal y vulneran principios establecidos en la Constitución de Estados Unidos, además de poner en riesgo recursos destinados a programas de protección civil, seguridad y respuesta ante emergencias.
Por su parte, voceros de FEMA defendieron las medidas al asegurar que buscan fortalecer la seguridad nacional y la integridad de los procesos electorales. La dependencia calificó la demanda como una respuesta de carácter político y reiteró que las nuevas políticas forman parte de la estrategia de la administración para proteger la infraestructura crítica del país.
El litigio se suma a otros procesos judiciales impulsados por distintos estados contra decisiones de la actual administración relacionadas con la distribución de fondos federales. Los gobiernos estatales argumentan que condicionar estos recursos podría afectar proyectos de seguridad, transporte, protección contra ciberataques y atención de desastres en diversas regiones del país.
