La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa, con el objeto de tipificar la violencia docente en Baja California, incluyendo foralmente a las maestras y alumnas como víctimas.
Su iniciativa consiste en adicionar una fracción a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Baja California, misma que se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio.
Plantea que se impulse de forma coordinada la implementación de Senderos Seguros dentro de su municipio, mediante la adecuación y recuperación de espacios públicos con iluminación suficiente, infraestructura peatonal accesible, señalización adecuada, sistemas de videovigilancia, botones de auxilio y demás medidas que permitan garantizar la movilidad segura y la prevención de la violencia contra las mujeres en el espacio público.
Al motivar su iniciativa, la legisladora de Morena dijo que las maestras, en especial las docentes jóvenes, aquellas con limitaciones o características físicas diversas, o en condiciones sociales o académicas específicas, se enfrentan con regularidad a conductas que menoscaban su autoridad pedagógica y su estabilidad emocional por prejuicios de género perpetrados por directivos, prefectos o pares varones.
En razón de lo anterior, mediante esta iniciativa, se proporciona un marco explícito para que los órganos de control interno de la Secretaría de Educación, así como las Comisiones de Honor y Justicia de las universidades públicas y privadas del Estado, puedan activar protocolos específicos de género, cuando una docente denuncie agresiones o discriminación en su centro de trabajo escolar.
Seguidamente, evita que las denuncias de las maestras sean desechadas o minimizadas, bajo el argumento de que el marco jurídico de acceso a una vida libre de violencia escolar no las tutela a ellas, sino únicamente a las estudiantes.
Cabe señalar de manera expresa que la presente iniciativa no genera un impacto presupuestario negativo ni requiere la asignación de recursos extraordinarios para las arcas del Estado de Baja California, en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La reforma optimiza y redefine las facultades de las estructuras jurídicas, administrativas y de derechos humanos ya existentes dentro del aparato educativo e institucional actual.
