Baja California se posiciona como un referente latinoamericano en materia de protección y bienestar animal, resultado de una agenda integral impulsada durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que ha permitido consolidar avances jurídicos, institucionales y sociales sin precedentes en la entidad.
Uno de los avances más relevantes es el fortalecimiento del marco legal, que hoy contempla sanciones de hasta ocho años de prisión por delitos de maltrato y crueldad animal, colocando a Baja California entre las entidades con mayores penas en el país y reforzando el acceso a la justicia en estos casos.
Desde el inicio de su gestión, se han promovido políticas públicas orientadas a garantizar el respeto, la protección y el bienestar integral de los animales, mediante acciones coordinadas entre dependencias estatales, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.
Las propias organizaciones animalistas, han destacado la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, instancia que ha permitido fortalecer la articulación de esfuerzos institucionales, así como emitir recomendaciones y dar seguimiento a casos prioritarios en la materia.
De igual forma, se ha robustecido la capacidad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, con el objetivo de mejorar los procesos de investigación, persecución y sanción de conductas relacionadas con el maltrato y la crueldad animal.
El Santuario Mily, ubicado en Mexicali, es un espacio para la atención de animales víctimas de violencia, que cuenta con infraestructura médica especializada, incluyendo quirófano, equipo de rayos X, ultrasonido y laboratorio clínico, así como personal veterinario capacitado. El cual brinda una segunda oportunidad a perros y gatos de ser integrados a una familia.
En el ámbito legislativo, Baja California ha registrado avances significativos que la colocan a la vanguardia en el país. Destaca la reciente reforma constitucional mediante la cual se reconoce a los animales como seres sujetos de especial protección, elevando su estatus jurídico dentro del marco normativo estatal.
Asimismo, se aprobaron reformas al Código Penal del Estado y a la Ley de Protección a los Animales Domésticos, que fortalecen el marco legal para la atención y sanción del maltrato animal.
Destaca la ampliación de conductas que constituyen delito, incluyendo abandono y desnutrición; el incremento de sanciones, con penas de 1 a 5 años y de 3 a 8 años de prisión, según la gravedad del caso; la persecución oficiosa del delito, facilitando su atención sin necesidad de denuncia previa; y la creación del Registro Estatal de Agresores de Animales.
Adicionalmente, se implementaron acciones para erradicar prácticas de explotación animal, como la sustitución de calandrias tiradas por caballos en Ensenada por unidades eléctricas, garantizando alternativas para quienes dependían de esta actividad económica.
Estas acciones reflejan una política pública orientada a fortalecer el respeto hacia los animales, consolidando un marco jurídico más sólido y una actuación institucional más eficaz.
Con ello, Baja California avanza hacia un modelo de desarrollo más humano, donde la protección y el bienestar animal forman parte de las prioridades del Estado, promoviendo una convivencia más justa y responsable entre la sociedad y todos los seres vivos.
