La Diputada María Yolanda Gaona Medina utilizó la tribuna para referirse a la reducción del derecho al amparo, y la atribución que se la da a la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, solo por “indicios”.
A nombre de la bancada del Partido Acción Nacional, manifestó su rechazo categórico a esta resolución: “No seremos cómplices del silencio ni permitiremos que se normalice el terrorismo fiscal como instrumento de sometimiento político”.
“Y desde este Congreso, utilizaremos todas las vías institucionales y legislativas a nuestro alcance para exigir que el patrimonio de las familias bajacalifornianas, no sea rehén de ningún poder.
Subrayó que la separación de poderes no es un adorno retórico, es la última trinchera entre la democracia y el autoritarismo, pero hay algo que no puede pasarse por alto, hasta antes del fallo la propia Corte había puesto un límite claro.
La jurisprudencia 46/2018 decía que la UIF solo podía congelar cuentas, cuando se lo pidiera una autoridad extranjera, en cumplimiento de compromisos internacionales, y ese límite protegía a los mexicanos.
“Hoy la Corte lo borró de un plumazo, y ahora cualquier bajacaliforniano queda expuesto a que una oficina de gobierno le congele la vida entera, sin que ningún juez lo autorice”, resaltó la legisladora.
Luego expuso que: cuando un gobierno puede destruir financieramente a una persona con un acto administrativo y sin control judicial, la libertad de expresión, de empresa y de asociación, dejan de ser derechos y se convierten en concesiones revocables. Y criticar al poder o simplemente aparecer en su radar, puede significar la asfixia económica en cuestión de horas.
“Quiero que imaginemos a una persona, alguien como los miles de bajacalifornianos que hoy están en riesgo. Piensen en doña María, una comerciante de Mexicali que tiene un pequeño negocio de abarrotes, que lleva veinte años levantándose a las cinco de la mañana; que paga impuestos, y da empleo a dos personas de su colonia”.
Pero un día, sin aviso, ni citatorio ni orden de un juez, su cuenta bancaria amanece bloqueada y no puede pagar a sus proveedores ni cubrir la nómina. No puede retirar un solo peso para comprar las medicinas de su madre. Y cuando pregunta qué pasó, le dicen que la UIF detectó “indicios”, sin explicarle cuáles son y sin que nadie le dé un plazo.
Cerrará su negocio en tres semanas, sin crédito y con su nombre manchado ante el sistema financiero. Meses después, si tiene suerte y recursos para pagar un abogado, quizá le digan que fue un error, pero doña María ya lo perdió todo. Y eso es lo que esta sentencia permite, lo que la Corte acaba de validar.
