Autoridades federales y estatales inauguraron un nuevo Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, un espacio que busca concentrar servicios y mejorar las condiciones de vida de miles de jornaleros en la región.
El proyecto forma parte del Plan de Justicia para San Quintín y fue encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto a la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el acto, la mandataria estatal destacó el significado del nuevo centro para la comunidad:
“Hoy es un día histórico para San Quintín, para Baja California y para México. Con profunda emoción y gratitud, inauguramos este Centro Integrador de Atención al Jornalero, un espacio que representa la materialización de un compromiso de justicia, dignidad y reconocimiento a quienes con sus manos trabajan la tierra que nos alimenta a todos”.
El centro permitirá brindar atención directa a trabajadores del campo y sus familias, facilitando el acceso a programas sociales, asesoría y servicios públicos en un solo lugar.
Por su parte, Ariadna Montiel subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia enfocada en mejorar las condiciones del sector agrícola:
“Por eso estamos presentando este plan, un plan humanista que atenderá las necesidades de salud, las necesidades sociales a través de los programas de bienestar, que atenderá las condiciones del campo…”.
Como parte de las acciones complementarias, se anunció la renovación de 20 clínicas en la zona, así como la construcción de un nuevo hospital que entrará en operación el próximo año.
Además, el plan contempla obras de electrificación en viviendas, mejoras en la carretera Transpeninsular y proyectos para garantizar el acceso al agua potable en distintas comunidades.
También se prevé la apertura de dos centros de cuidado infantil en los próximos meses y la certificación de empleadores agrícolas que cumplan con condiciones laborales dignas.
Autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar derechos, mejorar la calidad de vida y reconocer la importancia del trabajo agrícola en el desarrollo de Baja California.
