• Iniciativa busca eliminar el mecanismo de avisos y establecer que todo ajuste presupuestal relevante sea autorizado por el Congreso del Estado
Mexicali, B.C., martes 20 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y eliminar los supuestos que permiten realizar modificaciones presupuestales sin autorización del Congreso del Estado, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California y sus Municipios.
La propuesta legislativa plantea suprimir los llamados mecanismos de “aviso”, mediante los cuales el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, órganos autónomos y otros entes públicos pueden efectuar ampliaciones, transferencias o reducciones al presupuesto sin aprobación previa del Poder Legislativo, limitándose únicamente a notificar dichos movimientos con posterioridad.
En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que la legislación vigente reproduce prácticas que ya se habían observado en la ley anterior, donde el uso reiterado de excepciones ha permitido realizar ajustes presupuestarios significativos sin que el Congreso pudiera ejercer plenamente su función constitucional de fiscalización y control del gasto público.
La diputada señaló que estas prácticas generan riesgos de discrecionalidad, alteran las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos y debilitan la transparencia, al modificar el destino de los recursos sin un análisis público ni debate legislativo previo.
Asimismo, explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso representa acuerdos que reflejan prioridades y consensos políticos, por lo que permitir cambios sin revisión por parte del poder legislativo, vulnera el principio de división de poderes y debilita la rendición de cuentas.
Cabe mencionar que la iniciativa retoma una propuesta presentada por la diputada en 2025, que no fue dictaminada debido a la abrogación de la ley anterior, por lo que ha actualizado el documento conforme al nuevo marco normativo, con el propósito de que el Congreso recupere su papel central en la supervisión del ejercicio del gasto público.
Finalmente, la legisladora sostuvo que toda modificación presupuestal relevante debe someterse a procesos formales de autorización legislativa, ya que reducir estos ajustes a simples avisos limita la capacidad fiscalizadora del Congreso y pone en riesgo la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en Baja California y sus municipios.
