• La iniciativa propone establecer protocolos contra riesgos psicosociales en la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada
• El objetivo es garantizar un entorno seguro y reparador para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Mexicali, B.C., lunes 12 de enero de 2026.- Con el propósito de establecer protocolos obligatorios y especializados para prevenir, detectar y atender riesgos psicosociales en instituciones de asistencia social, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma que adiciona el Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes.
Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de instituciones de asistencia social privada constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Separados de su entorno familiar, muchos de ellos cargan con historias de abandono, maltrato, pérdida y trauma.
En este sentido, el legislador subrayó: “El Estado tiene la obligación imperiosa de brindarles no solo cuidado, sino un entorno protector que active de manera efectiva todos sus derechos y repare, en la medida de lo posible, el daño sufrido.”
La propuesta surge de la necesidad urgente de cerrar una brecha crítica en la legislación estatal: la falta de protocolos específicos y obligatorios para atender riesgos graves como el abuso sexual, la trata de personas, el suicidio y las autolesiones, además de garantizar el acceso efectivo a la salud mental.
“Esta iniciativa no es una mera actualización normativa; es un acto de justicia básica para quienes han quedado al margen de la protección familiar y requieren una protección estatal reforzada y especializada”, afirmó Vázquez Valadez.
Asimismo, destacó que proteger la integridad de las NNA es una inversión social de alto rendimiento, pues un entorno seguro y reparador aumenta las probabilidades de que se conviertan en adultos autosuficientes y productivos. Por el contrario, la revictimización en albergues incrementa el riesgo de perpetuar ciclos de pobreza, exclusión e incluso conductas delictivas.
“La vulnerabilidad de un niño o niña bajo el cuidado del Estado no admite medias tintas. Nuestra responsabilidad es brindar el marco jurídico más sólido posible para garantizar que su dignidad e integridad sean inviolables”, finalizó Ramón Vázquez.
