La Cámara de Diputados aprobó con 345 votos a favor y 131 en contra la reforma a la Ley de Amparo, entrando a discusión en lo particular, donde solo se prevé aceptar tres cambios a la minuta enviada por el Senado. De las más de 300 reservas propuestas por los legisladores, Morena ha anunciado ajustes destinados a eliminar la obligación del juez de verificar si el acto reclamado causará daños difíciles de reparar, precisar el momento procesal de aplicación de la ley y asegurar derechos adquiridos en concesiones y permisos federales.
La reforma busca modernizar el juicio de amparo y hacerlo más eficiente, pero enfrenta críticas de la oposición y de legisladores como Cruz Jiménez, quienes advierten que el nuevo régimen puede restringir el acceso a la justicia de comunidades indígenas, sociales y ambientales, al elevar los requisitos para acreditar interés legítimo y limitar amparos colectivos. La iniciativa del Ejecutivo también suprime el polémico artículo transitorio del Senado, descartando retroactividad en los procesos judiciales vigentes.
Morena argumenta que estos cambios evitarán abusos y la utilización del amparo para frenar políticas públicas o proyectos de infraestructura, mientras que críticos insisten en que se pone en riesgo la protección de derechos fundamentales y el interés social en causas sensibles.
