• La legisladora de Morena busca garantizar condiciones dignas de infraestructura y servicios para personas con discapacidad
• Ayuntamientos deberán incluir estas acciones en el Presupuesto de Egresos 2026
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada Michelle Tejeda, que solicita a los Ayuntamientos de Baja California considerar, en su Presupuesto de Egresos 2026, una partida específica para adecuar espacios públicos bajo principios de accesibilidad universal, a fin de garantizar su uso pleno a todas las personas, sin distinción de condición física, sensorial o cognitiva.
“Esta iniciativa legislativa busca atender de manera urgente una problemática persistente: la falta de condiciones dignas en espacios públicos para personas con discapacidad”, reiteró la presidenta del Congreso.
Destacó que en Baja California más de doscientas cuarenta mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa al menos el 6.4% de la población. Mujeres, hombres, niñas y niños enfrentan diariamente obstáculos que muchos no perciben, pero que limitan su derecho a moverse, participar y disfrutar plenamente del espacio público.
Según datos del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), más del 85% de las manzanas en municipios como Tijuana, Ensenada y Tecate no cuentan con rampas para sillas de ruedas; en San Quintín, esta carencia alcanza el 91.7%. Estas cifras revelan un rezago estructural que limita el ejercicio pleno de derechos como la educación, la salud, la cultura y el esparcimiento, y refuerza la exclusión social.
Michelle Tejeda reconoció que existen avances en algunos municipios, como parques infantiles y accesos incluyentes a playas, lo que demuestra que sí se puede avanzar hacia una infraestructura pública accesible e inclusiva.
Sin embargo, subrayó la necesidad de que estas acciones deben dejar de ser excepcionales y convertirse en una política constante, respaldada con presupuesto.
“La accesibilidad no es un privilegio, sino una condición mínima para ejercer la ciudadanía con dignidad; no debe entenderse como un favor, sino como una obligación legal, ética y social, y desde este Congreso podemos dar un paso firme para que ninguna persona sea excluida del espacio que le pertenece: el espacio público”, remarcó la congresista.
