En Rosarito, Baja California, el acceso a la playa en la colonia Miramar enfrenta un desafío dual. Por un lado, las autoridades promueven la limpieza y el orden en la entrada principal, colocando letreros para regular actividades como el estacionamiento y la recolección de basura. Sin embargo, en las calles secundarias, se han instalado barreras metálicas que privatizan el acceso, restringiendo la circulación pública y limitando el acceso a residentes y visitantes.
Este conflicto entre orden y desorden refleja la tensión entre las necesidades de los residentes, que buscan seguridad y limpieza, y la obligación legal de mantener las vías públicas accesibles a todos.
